Una columna sobre la desigualdad en Colombia

Tomado de www.elheraldo.co

Los costos de la clase AA

Colombia tiene el campeonato de la desigualdad y no se lo dejará arrebatar, a juzgar por los últimos datos.

Confieso que soy uno de los colombianos que han seguido con cierta indignada sorpresa casos como el de la desigualdad carcelaria.

En los últimos tiempos, en las cárceles se discrimina a sus forzados huéspedes, no por la gravedad de los delitos sino por el rango personal: un gobernador, un alcalde, un congresista o un viceministro están a distancias siderales del atracador o del asesino confeso.

Estos, sin más títulos que el de ciudadanos, y sin abogados habilidosos al frente de su causa, sobrellevan todas las penurias, escaseces e indignidades de la cárcel.

En cambio, la delincuencia de alta clase, sean promotores de matanzas o ladrones de dineros públicos, tienen derecho a pabellón aparte, a festejos estrepitosos, a salidas frecuentes y largas, a generosas rebajas de penas sin más motivo que su elevada condición social o política, o a vida de club, como los militares condenados de Tolemaida. La última descarada demostración de desigualdad la contempló el país cuando una brigada de trabajadores del Inpec emprendió de urgencia la construcción de un departamento especial para los nuevos prisioneros distinguidos de La Picota.

Estos delincuentes de clase AA son los únicos a quienes se les reconoce ser padres de hijos menores que requieren su presencia en el hogar; a los demás miles de reclusos no se les reconoce esa condición, o nadie la alega por ellos; en esta clase AA son frecuentes las enfermedades que se aducen para tener la clínica, el hospital o la casa por cárcel; los demás prisioneros o no se enferman, o sus enfermedades no son argumentos convincentes para demandar tratamiento de privilegio.

Son hechos suficientes para poner en tela de juicio la afirmación constitucional de la igualdad de todos los colombianos ante la ley. En un país, campeón de la desigualdad, es una mentira afirmar esa igualdad. Porque no existe, ni aparece la voluntad de respetarla.
Al escandaloso fenómeno de la desigualdad se agrega su efecto natural: la exclusión.

Entre las buenas amas de casa de las clases media y alta es común hablar de cunas limpias, blancas o nobles, como en cualquier telenovela; y entre gente de club la denominación es otra: familias honorables, distinguidas o de alta sociedad.

No es una denominación más; con ella va la afirmación, con efectos prácticos, de que los miembros de esas familias, por serlo, son confiables, honestos y merecedores de cargos, de contratos y de toda clase de sinecuras. No hay por qué asombrarse, por tanto, de lo que pasa con los contratos de obras públicas o con los beneficios de Agro Ingreso Seguro, versión Uribe II. Se les conceden a los miembros del exclusivo club de la gente bien.

Aunque nada asegure que ‘la gente bien’ obre bien. Por el contrario, los abundantes y contundentes ejemplos están creando la convicción, que puede ser injusta, de que uno no le debe confiar nada, ni el dinero de la pensión, a la gente bien, porque ni la bondad ni la maldad vienen en combo con los apellidos.

Revela el columnista, profesor de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien tiene por qué saberlo, la otra dimensión de este fenómeno de la desigualdad que padecen los bachilleres sobresalientes de los estratos bajos, que “se gradúan con honores o promedios destacados, pero no consiguen trabajo con la misma facilidad que sus compañeros más privilegiados”.

Lo que da por resultado un país que en su sector oficial y en el privado cuenta con gente de muy buena familia, pero de muy dudosas capacidades, mientras el talento, la disciplina y la honestidad comprobados de personas de origen humilde no encuentran su oportunidad.

¿Cuál es el costo que este atraso cultural le está demandando al país? Cualquier cifra puede ser temeraria, pero sí se puede tomar como referencia la del dinero que se ha perdido y se seguirá perdiendo por contratos como los de los Nule.

Por Javier Darío Restrepo